En los últimos años, se ha observado una mayor actividad legislativa en torno a las propuestas de regulación de los recursos hídricos en el país; una tendencia que ha sido impulsada por las múltiples resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para urgir la legislación en materia de agua para garantizar el derecho humano a este recurso.
Cada año se ha vuelto más evidente la existencia de una crisis hídrica en el país. De acuerdo con el atlas de riesgo hídrico elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el World Resources Institute (WRI), dos terceras partes del país están marcadas como áreas de estrés hídrico. Éstas están ubicadas en las zonas norte y centro, en donde reside la mayor parte de la población y en donde se concentran las principales actividades productivas; por lo que el fenómeno podría afectar gravemente la actividad económica del país.
Fotografía: Comisión Nacional del Agua 2016
Lo anterior deja en claro que el acceso al agua es tanto un tema de seguridad nacional, como uno de desarrollo social y económico.
Ello, por su gran relevancia en las actividades cotidianas sanitarias y la producción de bienes y servicios. Al ser el agua un recurso limitado, el aumento de su demanda por el crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático en su disponibilidad, generan la necesidad de impulsar mejores prácticas para su gestión.
Los gobiernos de las zonas metropolitanas del Valle de México y de Monterrey han tenido fuertes crisis en el manejo del recurso, lo que ha requerido de recortes en su abastecimiento a la población y a la industria; y, a la vez, ha generado incertidumbre sobre su disponibilidad en el futuro. Es por esta razón que los gobiernos estatales han entrado en el ojo del huracán con la necesidad de incrementar los esfuerzos públicos locales para asegurar el acceso al agua.
En lo que va del 2023, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmó junto con ciudadanos e industriales el pacto “Ciudadanas y Ciudadanos de 100 Litros”. Dicho pacto tiene el objetivo de mantener el consumo de agua en promedio en los 14.5 mil litros por segundo dentro del Área Metropolitana. Asimismo, entre los compromisos que adoptó el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), la institución encargada de la gestión hídrica en el estado, se encuentran:
La modernización de las plantas de tratamiento para cumplir con las nuevas normas en materia ambiental;
La modulación de presiones para hacer un uso más eficiente del agua para todos los ciudadanos;
El mantenimiento a la red de distribución, con la finalidad de evitar fugas en las tuberías de drenaje sanitario.
Por otro lado, los compromisos para la industria incluyen:
La creación de un inventario de acciones, insumos y apoyos de la industria (pipas, bodegas, agua) para la planeación estratégica y rápida implementación en zonas vulnerables;
El incremento del uso de agua residual tratada;
El apoyo a PyMES para disminuir su consumo de agua. Esto, por medio de la implementación de programas de capacitación y certificación para lograr una gestión hídrica sobresaliente en la cadena de proveedores de grandes empresas.
Dichos esfuerzos se suman a la inversión que está realizando el gobierno de Nuevo León para incrementar la infraestructura hídrica. Por ejemplo, la construcción del acueducto “El Cuchillo II”, que busca abastecer a la presa más grande del estado, el levantamiento de la presa “La Libertad” y la excavación de diversos pozos que estarán incorporándose eventualmente a la red de suministro, entre otros proyectos.
En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la creación de acuerdos con algunas empresas e instituciones para la aportación de agua potable concesionada; esto con el objetivo de aminorar las afectaciones a la población en temporada de estiaje. Dichas empresas con las que se establecieron los acuerdos poseen el 48% del volumen del agua concesionada, lo que representa una aportación de 7.7 millones de metros cúbicos para el consumo de la población.
Adicionalmente, desde las instituciones académicas se han ido generando diversos análisis con las nuevas perspectivas para atender la creciente problemática en torno al agua. A principios del 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó una serie de propuestas de política pública para generar una gestión de los recursos hídricos más eficaz. Entre éstas, destacan las siguientes:
Invertir en la modernización y conservación de la infraestructura para contar con distintos mecanismos de captación, tratamiento y distribución más eficientes; principalmente, para atender el problema que representan las tomas clandestinas y fugas.
Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en las industrias de mayor consumo (agricultura y ganadería), con el objetivo de contar con datos e indicadores más precisos.
Mejorar la planificación de la gestión de agua, principalmente en la región norte del país. Esto requiere replantear lineamientos regulatorios a fin de dar cumplimiento al acuerdo transfronterizo con Estados Unidos y asegurar el abastecimiento público.
Fortalecer la adaptación al cambio climático en materia de agua por región para atender las problemáticas geográficas específicas.
Tomando en consideración los puntos anteriores, así como la situación hidrológica en el país y la complejidad que enfrentan las regiones productivas, se ha intensificado el discurso en favor de actualizar los marcos legales y programas para la gestión del agua y el mejoramiento de la infraestructura hidráulica del país, ya que las condiciones en las que fueron diseñados no se asemejan a las actuales.
Sin embargo, en la antesala de un relevante proceso electoral y siendo el tema una nueva regulación en materia de agua un asunto sumamente sensible, multifactorial y que involucra a distintos sectores, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo Federal se ha buscado aplazar su discusión, dando paso a que los liderazgos regionales atiendan la crisis de sequía. Los resultados en la gestión del agua en México durante 2023 y 2024 tendrán un efecto importante en el enfoque que pueda tener la próxima administración federal sobre la regulación en materia hídrica.
Este artículo fue escrito por Emma Cárdenas, Consultora en Grupo Estrategia Política.