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El gobierno paritario y la atención a la agenda de género

El 21 de noviembre de 2021, el Gobierno de México «consciente de los grandes retos para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres» (Gobierno de México, 2021) presentó el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD). Dicho programa consta de seis objetivos prioritarios: (1) Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar las brechas históricas de desigualdad; (2) Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado; (3) Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos; (4) Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad; (5) Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado; y (6) Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.


Asimismo, si bien desde el 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional para establecer la obligación de los partidos políticos para la postulación paritaria en cargos de elección popular, no fue hasta 2019 cuando se publica la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM) en relación con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno.


En línea con lo anterior, en diversas ocasiones la presente Administración ha presumido los logros en la materia. La exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró en 2021 que «la cuarta transformación es una transformación feminista y que actualmente es posible un gabinete paritario gracias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.» A la par, hoy México tiene nueve gobernadoras mujeres, a las que se sumaría la futura gobernadora del Estado de México, de las cuales, siete son morenistas y las dos restantes panistas. La LXIV Legislatura, por su parte, instaurada en el 2018, fue reconocida como la más paritaria de la historia, en la cual el 49.2% y el 51% de los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, respectivamente, fueron ocupados por mujeres.



No obstante, resulta relevante estudiar si el acceso a las mujeres a cargos de gobierno se ha reflejado en: resultados, por lo que compete al poder ejecutivo; y, reformas en materia de género, por el lado del poder legislativo.

El indicador más desalentador en México podría ser la atención a la violencia contra las mujeres, objetivos cuatro y seis del PROIGUALDAD. Desde el inicio de la Administración, 2018, hasta el cierre de 2022, 17,776 mujeres han sido asesinadas, lo que se traduce en 300 al mes y 10 al día (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022). Asimismo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de las mexicanas han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No obstante, en el último informe de gobierno, el mandatario aseguró que su gobierno ha logrado reducir la incidencia delictiva y como ejemplo resaltó disminuciones en secuestro, robo y homicidio doloso, omitiendo referirse a delitos que han repuntado, como los feminicidios.


En lo que se refiere al objetivo uno de PROIGUALDAD, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022 la brecha de ingresos fue de 14%; es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer, en promedio, recibe 86. Asimismo, con base en datos de México Cómo Vamos, el número de puestos de trabajo formales creados en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2023, por cada 100 hombres registrados en un puesto de trabajo del IMSS, hay 64.9 mujeres.


Lo anterior toma más relevancia al analizar el acceso de las mujeres a puestos directivos. De acuerdo con una investigación publicada por el IMCO en septiembre de 2022, en el que se estudian las empresas listadas en la bolsa mexicana de valores, las mujeres ocuparon 11% de los asientos del consejo de administración, representan el 12% del total de las direcciones relevantes (dirección general, finanzas y jurídica), 68% de las empresas analizadas no cuentan con mujeres en ninguna de sus tres direcciones relevantes y únicamente siete de las 182 tienen a una mujer en la dirección general.


En lo referente al poder legislativo, en abril de 2020, se aprobó la Reforma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, en últimos meses la agenda laboral en materia de género ha ganado relevancia, por lo que proyectos relacionados con condiciones dignas de lactancia, permisos laborales para personas menstruantes y permisos de maternidad, entre otros, se han posicionado en la discusión. Sin embargo, reformas legislativas relevantes continúan pendiente de discusión y aprobación. Entre ellas, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, cuyo objetivo es atender la carga desproporcionada en el trabajo no remunerado las actividades del hogar y de cuidados, iniciativas relacionadas con paridad de género en consejos administrativos, salud sexual y reproductiva, interrupción legal del embarazo, entre otras.


Con base en lo anterior, es posible establecer que, si bien el acceso de mujeres a puestos gubernamentales es relevante, no es suficiente para asegurar que se legisle en favor de ellas o que los obstáculos y riesgos que enfrentan de manera cotidiana sean atendidos. La categorización de un gobierno como feminista no será posible hasta que las acciones del Estado se centren en brindar resultados tangibles en la materia.


Este artículo fue escrito por Manola Osés Sánchez, Consultora en Grupo Estrategia Política.

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