La acumulación de capital, la captación de divisas, el incremento en el ahorro, la generación de tecnología, el agrandamiento de las capacidades productivas, así como el aumento constante en los conocimientos técnicos y empresariales, son algunos de los efectos primarios de la inversión extranjera. De igual manera, existen múltiples derivaciones, que van desde el mejoramiento en las infraestructuras locales y la facilitación en el acceso a los servicios básicos; hasta el incremento en la capacidad adquisitiva, el ahorro, la estabilidad laboral y la estabilidad financiera. En ese sentido, el fomento a la inversión es clave para contribuir al bienestar de la población, generar empleos especializados y potenciar la derrama económica.
De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2021 de la UNCTAD, durante la pandemia por COVID-19, los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) disminuyeron en un 35% en el 2020; afectando a los países desarrollados hasta en un 58% en su IED -debido a la reestructuración empresarial y los flujos financieros intraempresariales-, lo que se tradujo en una disminución del 42% en el rubro de implementación de nuevos programas o proyectos, y otra del 14% en el de financiamiento internacional de proyectos dirigidos a las economías en vías de desarrollo. México, por su parte, sufrió de igual forma las consecuencias de la crisis mundial sanitaria, sin embargo, logró avanzar del catorceavo al noveno lugar de las 20 principales economías receptoras, logrando reunir 29 mil mdd en el transcurso del 2020.
Dos años después, y tan sólo durante el primer semestre del 2022, México tuvo una captación histórica de IED: se obtuvieron 27 mil 512 mdd; es decir, casi el 50% de incremento comparado con el mismo período del 2021. Dichas inversiones, no obstante, han estado destinadas históricamente -en porcentajes considerablemente mayores- al centro y norte del país; mientras que la región del sur-sureste continúa registrando los índices de inversión más bajos, así como aquellos con menor especialización. Lo anterior indica que gran parte de la IED destinada a la región va para la industria turística y de servicios, en contraste con la recibida en el norte, que se abona a las industrias manufactureras.
Con lo anterior, no sorprende que el sur-sureste sea la región más desprotegida del territorio nacional; y es que, es en los estados que integran a la región en donde se registran las cifras más bajas de escolaridad, de acceso a los servicios básicos y de calidad, y de infraestructura.
En virtud de lo anterior, se observa un fenómeno contradictorio: por un lado, cifras históricas de captación de IED; y por el otro, una región históricamente vulnerable que ha recibido pocos beneficios de la misma. Por ello, y resaltando una condición intrínseca para que la IED rinda frutos, es fundamental la preexistencia de una infraestructura adecuada que permita la llegada y el incremento en los encadenamientos productivos sostenibles en recursos y sostenibles en el tiempo. Asimismo, la garantía de la certeza jurídica, del estado de derecho y de condiciones óptimas de seguridad resultan factores indispensables que requiere la región para atraer y beneficiarse de la inversión.
Uno de los grandes aciertos en materia de desarrollo de la región es el megaproyecto del Corredor Interoceánico, pues contempla el favorecimiento de las oportunidades de inversión en el Istmo de Tehuantepec por medio del mejoramiento y la incentivación fiscal y económica a la infraestructura logística, la industrialización y los procesos de importación y exportación de productos. Se prevé que dicha obra reditúe entre 1.05 y 2.65% al PIB nacional – 2,430 a 5,830 USD per cápita-, que genere 790 a 1.42 mil trabajos indirectos y directos, y que agilice los intercambios con Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemania, y Francia, entre otros socios comerciales.
Las condiciones que enfrentamos en la actualidad, los índices de desarrollo registrados en los últimos años, así como el ejemplo del megaproyecto en el Istmo, nos sirven para identificar el gran desafío que enfrentamos ambos sectores, el público y el privado, en la construcción de mejores condiciones de vida para los mexicanos; pues éstos evidencian la necesidad de fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto entre las industrias productivas y las autoridades. Es necesario también definir líneas claras, conjuntas e incentivadas, que puedan traducirse en infraestructura de calidad, inversión y mejoramiento de todos los índices de desarrollo; y, sobre todo, que puedan contribuir al crecimiento y estabilidad de todos los mexicanos.
Este artículo es parte de las colaboraciones de Gustavo Almaraz Petrie, Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia Política, con el Grupo de Plumas Coparmex. Podrá encontrarse como #ColumnaInvitada en la revista digital de Expansión Política.