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Reflexiones sobre la LXV Legislatura y los nuevos desafíos del Poder Legislativo Mexicano

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo […]”

Belisario Domínguez.


La LXV Legislatura concluirá, de manera oficial, el próximo 31 de agosto. Frente a dicho término, la clausura de trabajos de su último periodo ordinario nos brinda la oportunidad de hacer un análisis más allá de lo numérico, en el que reflexionemos sobre el desempeño de los Diputados y Senadores en los últimos tres años; no sólo para abordar los retos e irregularidades que hemos atestiguado en la conducción de los trabajos legislativos, sino también para conocer los desafíos a los que tendrán que hacer frente los próximos legisladores que integren al Congreso de la Unión. Para esta evaluación del desempeño del Legislativo en el trienio, es necesario regresar a la base constitucional: el artículo 49 de la Constitución, por lo pronto, establece el principio de la división de poderes en nuestro país, señalando que

“no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo [...]”.

Este fundamento puede parecer una obviedad; no obstante, desde los inicios de esta Legislatura y de la anterior, el Congreso ha mostrado una notoria supeditación a la agenda dictada desde el Ejecutivo Federal, lo que ha derivado en múltiples cuestionamientos sobre su actuación.


Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, en el 2018, su partido logró una representación mayoritaria en el Congreso. Con esto, nuevamente y después de muchos años, el partido en el Poder logró hacerse de los números que le permitirían el impulso y la fácil aprobación de distintas reformas al marco jurídico nacional, un escenario que terminó por volverse una constante en las LXIV y LXV Legislaturas. Ahora bien, esto no quiere decir que la construcción de mayorías sea, en sí misma, una negativa. La Constitución sienta las bases para la integración de ambas Cámaras y cuenta también con los instrumentos para evitar la sobrerrepresentación de los partidos, mas no así de la conformación de alianzas legislativas; que, en este caso, dieron paso a una mayoría avasallante que en seis años logró imponer la agenda y facilitar la aprobación de prioridades definidas desde el gobierno federal. Tenemos entonces que las mayorías en el Congreso no pueden ser calificadas como negativas, pero que sí pueden volverse un elemento cuestionable. Sobre todo, si su desempeño da lugar a irregularidades violatorias del marco jurídico y regulatorio del Poder Legislativo.


Como muestra de ello, tuvimos a la serie de reformas que el Senado de la República aprobó el 28 de abril de 2023, fecha que desde entonces es recordada como “el viernes negro”. Esto, no necesariamente debido a que las modificaciones aprobadas significaran afectaciones al país, sino porque para aprobarlas, los legisladores echaron mano de instrumentos “legaloides; es decir, dictámenes sin el debido paso por Comisiones, votos de legisladores ausentes e incluso firmas falsificadas para legitimar la discusión de los asuntos ante el Pleno. Como resultado de este y de otros procesos irregulares presentados en el Congreso, tenemos que los proyectos legislativos aprobados han sido objeto de impugnaciones que se encuentran en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, por lo que probablemente serán declaradas inválidas en un futuro.

En otros (de lo no-pocos elementos destacados del presente balance sobre el cierre del último periodo ordinario de la legislatura) señalo, en primer lugar, al rezago de proyectos. En los tres años de labores en la Cámara de Diputados se atendió únicamente el 27% de los asuntos; mientras que en el Senado quedó pendiente la atención de casi el 60% de los temas. Al respecto, y si bien no se puede limitar la presentación de proyectos por parte de los legisladores, es indispensable que reflexionemos sobre la concepción actual de la productividad legislativa, pues para muchos de ellos significa presentar el mayor número de iniciativas, incluso cuando el impacto de estas al desarrollo económico o social sea mínimo.


En segundo lugar, aludo a que la denominada “Legislatura de la inclusión” deja pendientes importantes en la agenda; tales como la creación del Sistema Nacional de Cuidados, derechos de la niñez, consolidación de los derechos de las mujeres y la agenda de inclusión para pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes y personas de la diversidad sexual, entre otros.  


En este balance, preocupa también que quienes tienen como facultad principal crear, modificar y derogar las leyes, usen los vacíos en ellas para imponerse desde el Poder Legislativo, por la falta de apertura a las demandas ciudadanas. En los últimos años, el Congreso ha omitido la participación de la ciudadanía y de los sectores productivos en el proceso de análisis y de modificación de las leyes. Con todo y que existen los ejercicios de parlamento abierto, pareciera que estos son meramente parte del trámite que debe cubrirse para legitimar la discusión parlamentaria; en lugar de enriquecer al debate o la integración de argumentos técnicos, científicos, económicos o sociales que permitirían la aprobación de reformas que respondan a un interés y bienestar común.


Por último, inquieta bastante que el Poder Legislativo se vuelva partícipe del debilitamiento institucional. La falta de más de 100 nombramientos en el Senado de la República no es únicamente un tema de rezago legislativo, sino que se traduce en una falta de voluntad política para mantener la operación de diversos órganos con facultades reguladoras que representan los contrapesos institucionales necesarios para el funcionamiento de un sistema democrático. Las mayorías en el Congreso no deberían implicar imposiciones absolutas. Por el contrario, éstas tendrían que apoyar a la materialización de bases que persigan también a la integración de las minorías.


Los legisladores y legisladores que iniciarán sus funciones el 1 de septiembre de 2024 (muchos de ellos reelectos) tendrán grandes desafíos, desde la definición de la agenda legislativa que priorice la atención de las grandes demandas ciudadanas como la inseguridad y el acceso a los servicios de salud y medicamentos, así como los proyectos que aprovechen el contexto económico del país para potenciar el crecimiento y desarrollo social y la relación con un nuevo poder Ejecutivo Federal que por primera vez en la historia (con base en las tendencias actuales) estará a cargo de una mujer.

 

No obstante, el principal desafío al que se enfrentarán los próximos legisladores es el de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, desde el respeto al principio constitucional de la división de poderes y legislar desde la responsabilidad e independencia del Congreso de la Unión en pro, principalmente de los intereses ciudadanos colectivos.


Este texto fue escrito por Itzel Caballero, Directora del Área de Información Estratégica en Grupo Estrategia Política.  

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