La conclusión del periodo de sesiones en el Congreso ha traído consigo una serie de análisis y opiniones que versan no sólo sobre las evidentes irregularidades que se presentaron en la discusión de importantes reformas para el país; sino también, sobre la visión de un Poder Legislativo que se ha supeditado en dos legislaturas continuas a la agenda definida desde el Ejecutivo Federal. Siendo este último un tema sobre la mesa de nueva cuenta.
Para quienes nos dedicamos al estudio y seguimiento de la labor parlamentaria, pareciera no ser una novedad que poco más del 75% de los asuntos atendidos durante los periodos de sesiones, emanen de alguna propuesta presidencial. En la LXIV Legislatura (2018-2021), que inició con la administración del Presidente López Obrador, fueron promovidas desde el Ejecutivo 36 iniciativas; de las cuales, 28 fueron aprobadas. En la actual Legislatura (LXV), el gobierno federal ha remitido 34 reformas, de las cuales han sido aprobadas 24; siendo esto un resultado, indudablemente, de que el partido del titular del Ejecutivo cuenta con una mayoría en ambas Cámaras del Congreso, motivo por el cual se ha facilitado la aprobación de las reformas que éste ha impulsado.
Imagen: Senado Mexicano, 2023
No obstante, el escenario en el que el Presidente de la República contaba con dicha mayoría y en el que éste mismo dictaba la agenda legislativa no es algo nuevo. Durante muchos años, el Congreso contó con una mayoría absoluta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y en el Senado. Al igual que en el actual contexto, esto facilitaba la aprobación de las reformas, pues la oposición representada en el Poder Legislativo no significaba un impedimento en términos de votos para el partido. No fue sino hasta 1997, con la pérdida del control mayoritario del PRI y una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas dentro del Congreso, que la relación histórica entre el Legislativo y el Ejecutivo tuvo cambios sustanciales en tanto a la división de poderes y la consolidación de los esquemas de control parlamentario hacia el Presidente de la República.
A lo largo de estos años, el papel del Congreso de la Unión ya no se limitaba a la tarea de reformar el marco jurídico del país; sino que además ejercía / cumplía con sus funciones de revisión y fiscalización de la cuenta pública, de definición del ingreso y el gasto públicos, los mecanismos de rendición de cuentas a través de las comparecencias de funcionarios de la administración pública federal, la recepción del informe presidencial cada año y sus obligaciones de transparencia. Tales facultades, parte del ejercicio del Poder Legislativo, permitían concebir un incipiente pero cada vez más concreto contrapeso entre los poderes de la Federación.
La nueva distribución de las fuerzas políticas en el Congreso trajo consigo diversos cambios al interior de ambas Cámaras; nuevas integraciones en las Comisiones y en los órganos de gobierno, en los cuales comenzó a definirse una agenda legislativa que iba más allá de la que tradicionalmente era dictada desde el poder presidencial. Otro de los puntos que no puede soslayarse en el análisis de la relación de ambos poderes, es la propia profesionalización del Congreso, que por primera vez en muchos años daba cuenta de un ejercicio real en la acción de legislar. Esto derivó en el desarrollo de las capacidades técnicas y operativas al interior de las Comisiones legislativas; y con ello, en la apertura a la participación ciudadana. Lo anterior, a través de diversos mecanismos en los procesos de análisis y discusión parlamentaria; y, desde luego, por la conformación de coaliciones parlamentarias.
Fueron muchos los avances desde que el Ejecutivo Federal dejó de ejercer un control directo sobre el ejercicio parlamentario. Uno de los más importantes fue la necesidad de generar mecanismos de negociación entre el Presidente de la República y las Cámaras del Congreso (particularmente con los grupos parlamentarios de oposición), para lograr la aprobación de modificaciones legislativas; principalmente, si se trataba de cambios constitucionales. Si bien una representación parlamentaria diversificada acompañaba la idea de una consolidación democrática y del equilibrio entre los poderes, esta nueva estructuración demostró también ser motivo de numerosos impasses legislativos dimanados de la falta de acuerdos entre los partidos.
Actualmente y de nueva cuenta, nos encontramos ante una notoria influencia presidencial sobre el Congreso que se ha visto fortalecida con la lealtad que los legisladores le demuestran al Presidente. Una lealtad reflejada en la capacidad de legislar desde el Ejecutivo Federal y que permite la aprobación de la mayoría de las propuestas presidenciales; una lealtad que ha suprimido la representación de la oposición y que pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el papel del Congreso en un sistema de contrapesos y de división de poderes; una lealtad que hoy lleva a cuestionar la constitucionalidad y la legalidad de la labor parlamentaria y de las reformas aprobadas.
La presente reflexión no versa únicamente alrededor de la serie de irregularidades que marcaron el cierre del periodo legislativo en la última semana de abril; sino que también pretende girar en torno a la responsabilidad que poseen los legisladores, como representantes elegidos por la ciudadanía, para el ejercicio de dicha función. Una responsabilidad de legislar con el objetivo de garantizar mejores condiciones sociales, económicas, de desarrollo y de inversión en el país; de garantizar, desde las máximas tribunas, el cumplimiento del ordenamiento constitucional; de incorporar la participación de la ciudadanía en el debate parlamentario; y, sobre todo, de legislar para refrendar la relevancia del Congreso de la Unión como un poder autónomo e independiente dentro de un sistema democrático y de división de Poderes que permita diluir la concepción de que se ha convertido (nuevamente) en una Oficialía de Partes para el Ejecutivo mexicano.
Este artículo fue escrito por Itzel Caballero, Directora del Área de Información Estratégica en Grupo Estrategia Política.