Foto: sin título (fotografía), Wix, 2024
En la última década, los gobiernos estatales, congresos y municipios han incrementado su interés en regular o legislar sobre los temas de interés para el sector privado. Esto se ha visto reflejado de distintas maneras. Por un lado, ante las crecientes necesidades presupuestales, existe una tendencia hacia la creación de nuevos impuestos estatales, i.e. venta final de bebidas alcohólicas, hospedaje, ambientales, etc.; o bien, hacia un aumento de estos, como en el caso del Impuesto sobre la Nómina aplicable en la mayoría de las entidades federativas. Más notablemente, se ha observado la intención de regular temas con un alto grado de impacto en la operación o logística de las grandes industrias. Ejemplo de esto son las legislaciones dispares en materia de plásticos y de economía circular, transporte y movilidad, e incluso en temas de restricción de venta de determinados alimentos y bebidas, entre otros.
La complejidad de estas tendencias se acentúa al considerar la baja visibilidad que se tiene de los procesos legislativos a nivel estatal, reduciendo significativamente la capacidad de reaccionar ante una crisis política, y por el hecho de que las políticas públicas estatales tienden a propagarse rápidamente (esto quiere decir que si una ley o medida adquiere notoriedad en la discusión pública, el estado vecino suele replicarla, creando de esta forma una reacción en cadena difícil de contener). Tenemos entonces que una política de impacto en los estados es difícil de anticipar y que tiende a propagarse con facilidad.
Bajo esta premisa y debido las cuestiones climáticas, sanitarias y sociales cambiantes, han surgido nuevas problemáticas que han obligado (y que podrían continuar haciéndolo) a las autoridades locales a tomar decisiones incidentes de las operaciones de las empresas en el ámbito local, tal como las que hemos observado en ciertas regiones que han sido afectadas por escasez del agua o, en su momento, por las políticas implementadas durante la pandemia por COVID-19. Con esto, podemos identificar el riesgo claro al que están expuestas las industrias y, por lo tanto, a la necesidad de ampliar el enfoque de las estrategias de asuntos públicos al ámbito local. Desde hace ya varios años, en Grupo Estrategia Política hemos acompañado a nuestros clientes a navegar los distintos escenarios de riesgo político-regulatorio a nivel estatal y municipal, una condición que nos ha permitido identificar cuáles son las mejores prácticas de la iniciativa privada para enfrentar este contexto. En esta línea, nos permitimos presentar a continuación una lista de acciones básicas que sugerimos implementar:
Anticiparse al problema. Un error común de las organizaciones en materia de asuntos públicos es tomar medidas correctivas y reactivas en lugar de preventivas y proactivas, actuando únicamente de forma posterior al desarrollo de una crisis. Como vimos anteriormente, el riesgo a nivel local está latente y por este motivo no deben esperarse a tener un problema frente a ellas para comenzar a trabajar en el diseño y la implementación de una estrategia, así como para construir relaciones estratégicas con actores relevantes en dichos niveles de gobierno.
Vigilar. Es fundamental monitorear toda la actividad política y regulatoria a nivel estatal; no sólo en donde se tiene presencia con un corporativo o fábrica, sino en todas las entidades federativas. Lo anterior, de forma que se puedan advertir anticipadamente las tendencias regulatorias o el surgimiento de distintas situaciones y fuentes de incertidumbre.
Invertir en equipo. Las organizaciones que actualmente cuentan con una mayor capacidad de reacción frente a las complicaciones de este tipo son aquellas que desde hace tiempo han asignado un presupuesto para la formación de equipos especializados para la atención de las entidades federativas, pues se trata de una inversión que redituará seguramente en el corto plazo.
Desarrollar una narrativa local. Es recomendable que los organismos empresariales y las empresas desarrollen un análisis de su huella económica y social a nivel estatal que incluya datos clave sobre la generación de empleos directos e indirectos, los programas de responsabilidad social con los que cuentan, las prácticas que utilizan en los procesos de producción, sus contribuciones al estado, etc. Este tipo de datos coadyuvan en las conversaciones con los diferentes actores públicos, pues promueven el entendimiento de la relevancia que poseen determinadas industrias para su demarcación.
Darse a conocer. Las industrias pocas veces designan un espacio para conocer a sus interlocutores estratégicos. Esto sucede principalmente porque se percibe como una actividad que consume tiempo y que no necesariamente brinda claridad sobre el valor de los encuentros. En realidad, estas son acciones de la más alta relevancia, ya que promueven una vinculación permanente con las autoridades involucradas (incluso mínimamente) en las actividades y el buen funcionamiento de la empresa. Aunado a esto, el que dichos actores conozcan a la organización, puede abrir nuevas oportunidades para desarrollar proyectos de forma proactiva y conjunta, al tiempo que podría facilitar (con un antecedente positivo en cuenta) la resolución de complicaciones potenciales.
Ser un buen vecino. La expectativa que tienen las poblaciones aledañas y el sector público a nivel local de las empresas, no solamente se limita a la creación de empleos y al pronto pago de sus contribuciones, sino que gira también en torno a que éstas se conviertan en aliadas para el bienestar social de la comunidad en la que están insertas. Por esta razón es ampliamente recomendable invertir en proyectos de responsabilidad ambiental y social en las comunidades, ya que son uno de los principales elementos que influyen positivamente en la consolidación de una reputación corporativa. Adicionalmente, estos contribuyen a la creación de alianzas “naturales”, mismas que podrían abogar directamente en favor del organismo dada la circunstancia.
Ahora, con esto en cuenta y a manera de conclusión, destacamos que la dinámica política y regulatoria a nivel estatal y municipal representa un desafío constante para las empresas, particularmente en el contexto electoral en el que está inmerso el país en la actualidad. Por este motivo, es fundamental que las organizaciones estén preparadas para anticipar y adaptarse a los cambios que sufre constantemente el entorno político y regulatorio a través de la implementación de estrategias proactivas en materia de asuntos públicos; con ello podrán mitigarse los riesgos y aprovecharse las oportunidades que derivan de este complejo escenario.
En Grupo Estrategia Política estamos comprometidos a continuar apoyando a nuestros clientes en este camino, ofreciendo al mismo tiempo las mejores prácticas y un abanico de soluciones que permiten enfrentar los desafíos del entorno político-regulatorio en todos los niveles de gobierno y, para el propósito de este texto, en el nivel local.
Este texto fue escrito por Bruno Toussaint, Director operativo, y Marina Gutiérrez, consultora, ambos en Grupo Estrategia Política.