En septiembre de este año comienza oficialmente el proceso electoral para los comicios federales del 2024, que someterá al escrutinio ciudadano la renovación del cargo para Presidente de la República, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; además de 9 gubernaturas y la renovación de diversos congresos locales. En este contexto, se empata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró como inconstitucional la reforma electoral promovida por el titular del Ejecutivo, conocida como “Plan B”, consistente en una serie de reformas a las leyes secundarias en la materia. En términos generales, planteaba desde la lógica del gobierno federal el incremento en ahorros en las elecciones y la prevención de cualquier tipo de fraude; un escenario que irremediablemente incita a la reflexión ciudadana en torno a las acciones y narrativas de los representantes del gobierno oficial (en el Legislativo y Ejecutivo) que emprenderán en la construcción de la Agenda Pública hasta el día de la elección que se realizará el 2 de junio de 2024.
Imagen: bnamericas, enero 2023
En medio de esta situación, surge el denominado “Plan C” que es, explícitamente, el llamado desde la titularidad de la Presidencia de la República, a votar por el partido oficial en el poder (MORENA); un llamado que invita a la concentración del poder sin un contrapeso, un llamado a no votar por la oposición para lograr la transformación de los mecanismos, normas e instituciones que “obstaculizan” los planes y programas de la autollamada “Cuarta Transformación”. En este orden de ideas, y recordando el ejercicio de control constitucional realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional a diversas reformas y decretos emanados del Poder Ejecutivo, resulta de gran importancia el cuestionarse cuál es el papel del Poder Judicial frente a la dinámica de alineación de la mayoría parlamentaria del Congreso hacia el proyecto del Ejecutivo Federal. Más allá de una respuesta única al respecto, lo trascendente de esta reflexión es el control constitucional a la actual administración; es decir, un contrapeso para equilibrar lo que Jorge Carpizo denominó un “presidencialismo metaconstitucional” que permea y designa el actuar legislativo.
No debe sorprender que los detentadores de poder estén de manera permanente buscando cómo acceder al mismo y mantenerse en él, al final es la razón de su actuar; sin embargo, en el contexto de las incipientes sociedades democráticas con un marco normativo consolidado, producto de la participación social, resulta por demás sorprendente que se busque regresar a los regímenes más cuestionados del sistema presidencial. Es decir, ¿acaso se está buscando la instauración de un sistema y régimen político que, mediante cambios normativos, centralice aún más el poder del presidente y permita a través del arreglo institucional su perpetuidad en el poder? Es inevitable rememorar algunas de las reflexiones planteadas por Karl Loewenstein sobre la elección del sistema político de gobierno; una decisión sustentada en la resolución de la sociedad que será determinante para el presente y el futuro de la comunidad política.
En este sentido, en la votación en la que también se renovará el Poder Legislativo, deberemos resaltar los alcances del mismo en el establecimiento del sistema; pues, además de ser el espacio de representación ciudadana y del pacto federal, es el espacio en donde se delinea el marco jurídico del país y puede ser el vehículo para adelgazar o minar el control que ejerce el poder judicial hacia los detentadores del poder. Es por esta razón que la participación de los ciudadanos en las elecciones locales de este año, y particularmente en las del 2024, serán de gran trascendencia para la determinación del sistema político a instaurarse en nuestro país: ¿un sistema con controles en el ejercicio del poder, que detone la participación social en la toma de decisiones y tome en cuenta la pluralidad y multiculturalidad social reconocida en el máximo ordenamiento del Estado Mexicano; o bien, un sistema presidencial concentrado con facultades constitucionales, que deriven en el desequilibrio entre los tres poderes de la Unión?
Es oportuno resaltar que la información y la transparencia serán elementos clave para que la participación de la sociedad en la jornada electoral se lleve a cabo de forma razonada y con la plena conciencia del alcance y las repercusiones que se derivarán de los sufragios. En este orden de ideas, lo que se observa del llamado al voto para lograr una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para el partido oficial, tiene en el fondo la insistencia para cambiar las reglas en la integración de los miembros del Poder Judicial, de forma que éstos sean elegidos mediante sufragio popular. Dicha situación permitiría la politización y partidización de los ministros y relegaría su función esencial como órgano de control del poder. Poner a debate la pertinencia del actuar de la SCJN ha generado que la ciudadanía sea más crítica de la institución frente a los próximos comicios, por lo que resulta interesante conocer la percepción con la que llega este órgano. Con este objetivo, el periódico El Financiero dio recientemente a conocer, por medio de una encuesta, la confianza de los mexicanos en la institución judicial. Los resultados arrojaron que ésta ha ido en aumento, desde un 51% en marzo de 2022, a 61% en marzo de 2023. En tanto a la confianza depositada en los poderes Judicial y Ejecutivo, se evidencia que el 61% de los encuestados confía en el primero, mientras que solamente 54% de los mismos confía en el segundo.
Un ejercicio como éste sobre las percepciones ciudadanas brota en el contexto de las críticas públicas que ha manifestado el Poder Ejecutivo a las determinaciones realizadas por los ministros de la Corte sobre las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión y los diversos decretos del mismo Ejecutivo, de forma que se ha planteado que el actuar de los miembros del Poder Judicial son contrarias al interés popular. Dicho discurso resulta pertinente para el desvirtúo del objetivo esencial del Poder Judicial; y, a la vez, para legitimar la propuesta que pretende modificar la elección de ministros de la SCJN. Es necesario, por lo tanto, mostrar que la esencia del Poder Judicial no es alinearse a la envestidura presidencial, sino a la impartición de justicia basada en las legislaciones vigentes en cuanto al surgimiento de controversias, la protección del orden y el ejercicio de control constitucional en las acciones de los demás poderes.
Por último, debe reiterarse que la conformación institucional del Estado descansa en la base de la sociedad y esto se ve reflejado en la Constitución que integra los factores reales de poder; de tal forma que, para ello, nuestro máximo ordenamiento contempla los mecanismos para que sea efectivamente la ciudadanía quien decida el régimen al cual habrá de someterse.
Este artículo fue escrito por Óscar Granados, Enlace en el Congreso de la Unión, y Miguel Soto, Coordinador de Información Estratégica de las Entidades Federativas, en Grupo Estrategia Política.