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El 8 de marzo conmemoramos, desde 1975, el Día Internacional de las Mujeres; siendo ésta una fecha que busca resaltar la importancia de la visibilidad y la participación de las mujeres en todos los espacios que constituyen a nuestra realidad social. A propósito de este marco, conviene apreciar los avances que hoy tenemos en materia de igualdad de género tanto en el sector público como dentro del sector privado, pues se trata asimismo de aprovechar la rememoración como un espacio oportuno para reflexionar sobre qué acciones faltan por emprender en esta materia.
Con el pasar de los años ha ido ganando terreno el interés por propiciar una mayor participación de las mujeres en labores más allá de las domésticas y/o de cuidado familiar, así como por ejercer y garantizarles el pleno respeto de sus derechos, un asunto en donde el Estado funge como el principal garante. Así, tenemos como referencia a uno de los puntos de inflexión más relevantes en México, que tuvo lugar en la década de los años 50, cuando se reconoció finalmente el derecho al voto de las mujeres. A partir de este acontecimiento, hoy los alcances son considerablemente mayores en esta materia; de tal forma que nuestro país es una de las 6 naciones actuales, a nivel mundial, que garantizan la paridad de género dentro del poder legislativo; hay 10 mujeres ejerciendo el cargo de gobernadoras en 10 entidades federativas; 5 ministras en el poder judicial; y múltiples otros cargos públicos son ostentados por mujeres.
Con estos avances, también hemos logrado reconocer que las acciones requieren ir de la forma al fondo; es decir, que necesitan convertirse en sustancia. Lo explico partiendo de un piso común que nos permita entender de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género: a menudo nos encontramos con la limitante de referirnos excesivamente a dimensiones y balances numéricos; por ejemplo, considerar que hay igualdad si, al igual que los hombres, las mujeres pueden asistir a las urnas para elegir a sus representantes. Al hablar de este tema, conviene traer a colación la organización social, pues, aunque es importante que haya presencia femenina, ésta no es suficiente y se ve limitada por los roles históricamente asignados a las mujeres, como las actividades domésticas. Así expuesto, hay que referir la cualidad que, aunque basada en una diferencia de sexos, más allá de determinismos biológicos nos coloca en las dinámicas relacionales. Abarca, entonces, experiencias subjetivas (percepciones y sensaciones) y acciones concretas que caracterizan la manera en que interactuamos entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida. Y al conjugarla con la categoría de igualdad, lo que hace es llamar al reconocimiento de derechos, acceso a oportunidades, recursos y espacios, así como a una valoración de nuestras existencias y contribuciones. Así comprendemos que, aunque las mujeres tienen mayor representación en la vida pública y económica que hace 50 años, aún hay brechas por atender, como son las salariales, de oportunidades e incluso en la colaboración de los hombres en actividades domésticas/de crianza, que hasta ahora han significado duplicación de cargas no reconocidas para las mujeres.
Uno de los instrumentos internacionales más destacados para avanzar en esta materia fue la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, llegando a ser reconocida como la carta de Derechos Humanos de las Mujeres. Gracias a ella se reconocen 2 elementos a señalar: la promoción de las medidas afirmativas y la preocupación por erradicar la discriminación entre hombres y mujeres en todas las dimensiones del desarrollo. Sobre el primer punto, destaca su presentación como la forma más funcional para promover la presencia femenina en lugares fundamentales para la toma de decisiones. Lo ejemplifican las ya mencionadas medidas que aseguran un determinado número o porcentaje de mujeres al interior de una organización. Sin embargo, esta garantía o cuota demográfica es una medida todavía insuficiente. Y para entenderlo hay que referir nuestro plano cultural; es decir, aquellos elementos significantes que determinan las dinámicas relacionales, a saber, la idea del hombre proveedor y mujer madre-cuidadora. A través de los significados culturales, entendemos de dónde viene la vinculación entre las actividades propias de crianza de los hijos y las responsabilidades de las mujeres. Es por esta razón que asegurar la presencia de mujeres en organizaciones públicas o privadas, no garantiza que se modifiquen al mismo tiempo los patrones culturales que se apoyan en la supeditación; o bien, en la desvalorización. A esta serie de estereotipos, a la desigualdad socioeconómica y a la concentración masculina en el ejercicio del poder, la CEPAL los ha llamado “nudos estructurales”, pues impiden la transición hacia las sociedades igualitarias. Debido a estas limitaciones, las acciones sustantivas deben ser vistas como complementarias, pues proponen sumar valor a la participación y capacidad de decisión de las mujeres. Un avance en este sentido es asegurar el acceso de mujeres a puestos potencialmente estratégicos; en México, por ejemplo y por primera vez, vemos a mujeres presidiendo los poderes judicial y legislativo (en ambas Cámaras).
Desde una visión particular, la conjunción de las categorías que señalo (afirmativa y sustancial) se puede observar en que las encuestas de preferencia de voto frente a las elecciones presidenciales del 2 de junio en nuestro país las encabezan dos mujeres. Lo que implica que la próxima administración pueda estar encabezada por alguna de ellas. Esto refiere positivamente a los avances en la presencia de mujeres en puestos estratégicos, dada no solo por las cuotas paritarias, sino por normalizar la idea de que las mujeres son sujetas con capacidad de tomar decisiones y dirigir; de liderar. En línea con esto, es preciso destacar que su desempeño en el servicio público ha sido central y no solo es resultado de una asignación; lo que les permite representar las 2 principales fuerzas políticas en México.
Un punto para considerar, sin embargo, es el hecho de que ser mujeres no asegura una agenda de género sólida. De hecho, aunque las propuestas que han presentado en la materia son urgentes (combate a la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia; acceso a seguridad y programas sociales; en materia de salud sexual y reproductiva; entre otras); sobre todo continúan una política implementada desde algunas administraciones atrás, faltando una profundización suficiente hacia nuevas y mayores acciones que impacten a la raíz cultural del problema, lo que a menudo nos lleva a mantener estrategias correctivas y no preventivas. Sobre esto, ¿cómo, o desde dónde, podríamos comprender la continuidad de dichas acciones?
Una gran parte de la explicación debe originarse en el costo político. Ello, porque hablar de igualdad de género continúa siendo, hasta hoy, un tema generador de diferencias dentro del debate público; lo que nos permite vislumbrar a una realidad contenida por posturas diferenciadas que están en constante movimiento. Frente a esto, y aunque nuestra organización social se vea delimitada históricamente por este tipo de jerarquización cultural, debemos reconocer que la actualidad nos demanda una aceptación de las múltiples transformaciones en nuestras dinámica y percepciones; por ejemplo: en el ámbito empresarial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que apenas el 15% de las mujeres ocupan cargos directivos, el 14% son dueñas de empresas y solo 11% son gerentes principales. Las mujeres participan según estos mismos datos en un 36% en la ocupación de puestos “junior”; esto, solamente en la región de América Latina y el Caribe. En contraste con lo anterior, también se ha podido identificar una tendencia al alza en la inclusión de mujeres en órganos de gobierno, manifestada en un promedio de 5 puntos porcentuales por arriba de los reportados hace una década. Aunque estos datos indican avances, también evidencian un desafío pendiente, por lo que la propuesta para agrandar los pasos, está en observar la materia como un tema de Derechos Humanos, pero también como un asunto estratégico para los diferentes ámbitos de la sociedad, pues la inclusión resulta conveniente tanto para lo político como para lo económico y cultural; lo que a su vez, puede contribuir a que México transite hacia la materialización de una sociedad más justa, competitiva y desarrollada.
La inclusión, por lo tanto, debe verse como un elemento potenciador.
Apenas en los años 90 se abrió paso la conexión entre la igualdad de género y el desarrollo, de forma que identificamos mayores brechas en los países con menor nivel de desarrollo. Desde esta óptica, las barreras culturales se expresan también en dificultades regulatorias, el acceso al capital y (todo parece indicarlo) un menor nivel de competitividad. Con esto, volvemos al segundo elemento que he destacado sobre la CEDAW, pues resulta de la mayor pertinencia en tanto la vinculación entre la igualdad y el desarrollo es una lectura poco frecuente, pero central. Dicha vinculación es absolutamente necesaria y, en lugares como nuestro país, estratégica. Para entender este punto y poder aplicarlo, hay que partir de sumar la transversalización, elemento que entiende la desigualdad como un asunto sistemático que requiere atravesar cada área de la realidad, ya que enfrenta el plano simbólico que ha normalizado las dinámicas de desigualdad. Es decir, entender que la desigualdad de género se observa en todos los aspectos de la vida (pública, privada, íntima, mental), y por lo tanto requiere atenderse desde todos los frentes. El Foro Económico Mundial observa esta normalización en las brechas salariales y en la vinculación hacia la idea de que la remuneración por actividades laborales de las mujeres funge como un “complemento” al ingreso familiar, de forma que perpetúa la imagen del hombre proveedor.
Hablar de volverlo transversal es también comprender que nuestro tema no solo gira alrededor de la inclusión y de un balance numérico, sino que arrastra a su vez un impacto positivo para las empresas y la economía del país. De acuerdo con información del Banco Mundial, si las mujeres en México tuvieran una participación similar a los hombres en el mundo laboral, el PIB per cápita podría elevarse hasta un 22% (2021). Por lo tanto, debemos entender que la desigualdad de género es asimismo un freno al desarrollo y un componente estructural de la pobreza.
Con este panorama, es evidente que en el sector privado el cierre de brechas de género representa una oportunidad y no un costo político-social. Es así porque, tal y como lo han señalado diversos organismos como la OIT, el PNUD o el BM, el desenvolvimiento de las mujeres en puestos directivos al menos en un 30% de los disponibles en una organización, mejora las relaciones y el rendimiento laboral y la productividad; reduce la rotación de personal; favorece la promoción de género en 15% más; logra atraer mayor talento, creatividad, innovación y apertura; mejora el prestigio y la credibilidad de la marca y su posición en el mercado; ayuda a eliminar los sesgos salariales; motiva mejores liderazgos y acompañamientos; implica una mayor capacitación interna en general, impactando positivamente en la cultura organizacional, y tiene mejores resultados económico-operativos. Además, su impulso reduce los niveles de informalidad de la economía nacional debido a que es el área en el que mayor presencia tienen.
En conclusión, el desempeño de las mujeres en el ámbito productivo requiere de una revalorización de sus muchas aportaciones, así como una rearticulación con un mayor alcance, dirección y niveles. Sin duda, esto modificará aún más la vida de las mujeres, pero también de los hombres; y con esto, de la sociedad en su conjunto, trayendo consigo oportunidades que no deberán dejarse pasar. Por todo esto, es fundamental reconocer los esfuerzos que, de múltiples maneras, el mundo empresarial ya ha implementado para combatir las brechas de género, uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos para 2030. Gracias a estos y a la corresponsabilidad entre los sectores, la población de mujeres económicamente activa pasó de 13.3 millones en el año 2000, a 24.3 millones en la actualidad de acuerdo con cifras de la ENOE 2023; de esta manera, el porcentaje de mujeres en situación de pobreza ha logrado reducirse casi 6 puntos porcentuales en los últimos años. No obstante, aún tenemos brechas por cerrar, por lo que es fundamental dar continuidad a las acciones de inclusión con medidas como la promoción en el acceso de financiamiento para mujeres, otorgamiento de salarios dignos, adopción de criterios ASG, promover la paridad en órganos de gobierno internos, impulsar su participación en labores técnicas, mantener campañas permanentes de sensibilización y liderazgo, así como establecer protocolos para prevenir y atender cualquier tipo de violencia en el trabajo. Esto, con miras a alcanzar una sociedad con mayor capital humano, que incremente la capacidad productiva y la competitividad con altos niveles de bienestar, y que se traduzca en grandes aportes para alcanzar una sociedad más justa y desarrollada. Y esto, no solo hay que recordarlo en el marco del 8 de marzo, aunque sí hay que partir de esta conmemoración para reconocer nuestros avances y pendientes, continuando los trazos del camino que estamos recorriendo.
Este texto fue escrito por Diana Luna, Consultora en Grupo Estrategia Política.